El Ministerio del Ambiente está encargado de este refugio, en el que se le dio acogida a 1.000 personas que quedaron sin viviendas.
Foto Raúl Romero / El Nacional
Este texto fue escrito para el blog de David Coimbra, en lengua portuguesa, con el que colaboro de vez en cuando.
Como si fueran dos presentadores de un programa de televisión, el vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua, recibe un pase desde una señal de microondas del Presidente de
“Gracias, Presidente”, señala Jaua. “Aquí estamos en el piso 4 de
Chávez, al otro lado de la señal, muestra los 25 “refugios-viviendas” que fueron construidos en
Más de 130 mil personas debieron abandonar sus casas a finales del año pasado porque éstas se encontraban en situación de peligro. Ocho estados fueron declarados en emergencia por los daños causados por los aguaceros.
La mayoría de los afectados fueron reubicados inicialmente en escuelas, donde permanecieron hasta el 10 de enero por el reinicio de las clases.
Pero su destino no fue el habitual. A finales del año 2010, Chávez sorprendió de nuevo cuando pidió a ministros que siguieran su ejemplo y abrieran espacio, por tiempo indefinido, en dependencias oficiales para darle estancia a quienes quedaron sin hogar.
Desde entonces, funcionarios públicos comparten sedes de oficinas públicas con damnificados, muchos de ellos, niños.
Ministerios, el Banco Central de Venezuela,
También el sector privado debió colaborar. Propietarios de hoteles fueron conminados por el Gobierno a destinar parte de sus habitaciones a damnificados, sin fecha de término.
Alfredo Urbano fue uno de los beneficiados por esta medida junto con su familia y vecinos. El 27 de noviembre debió salir de su casa en la parte alta de Carapita (un barrio pobre del estado Miranda) porque cedió el cerro y varias casas del sector se vinieron abajo.
Luego de recorrer dos refugios por varios días fue recibido con su grupo familiar en el piso 7 de la sede del Banco de Venezuela de la avenida Urdaneta, donde funciona una agencia bancaria y, en otros 6 pisos, oficinas administrativas.
Por ser trabajador de esa institución, Urbano tiene el privilegio de compartir la dependencia, más segura, con 17 familias.
“Aquí estamos más tranquilos. En el anterior refugio no teníamos privacidad y había que lidiar con gente violenta, que estaba armada”, comenta.
La vida en común los ha llevado a organizarse en comités de comida, aseo, seguridad , logística, entre otros.
También es el caso de Carlos May y su familia, que duermen desde el 10 de enero pasado en unas camas que fueron acomodadas en el piso 5 del Ministerio de Educación.
En los pasillos de la mezzanina y en otros tres niveles de la torre acondicionaron habitaciones para 120 personas que habían tenido que abandonar sus viviendas en la carretera vieja Petare-Guarenas.
“Nada como tener una casa propia, pero aquí nos sentimos mejor”, expresó May.
Los damnificados se diferencian de los trabajadores por unos brazaletes y cumplen normas de seguridad que les han impuesto en las dependencias oficiales: tienen horarios restringido para salir y entrar, para bañarse y no pueden circular por los pasillos en horas laborales. Eso no quita que se crucen con empleados enfluxados y atareados.
Entre los trabajadores de estas dependencias se han creado, por órdenes de sus superiores, comités de apoyo que se encargan de organizar la dotación de comida y artículos de aseo (que en la mayoría de los casos suministra el Gobierno o los mismos empleados).
Pero la implantación de esta población afectada en la rutina de la administración pública ha ocasionado conflictos en algunas dependencias.
La semana pasada, los trabajadores de
El arquitecto Marco Negrón cuestiona la improvisación con la que se ha enfrentado el problema y lo califica de “disparate”. En un programa del Circuito Unión Radio, argumentaba que la respuesta oficial sólo es un reflejo de la falta de previsiones para resolver estos casos y que se evidencia en la falta de refugios y en la escasez de viviendas.
El Gobierno sólo ha construido 290 mil casas en 12 años de gestión, según datos del Centro de Investigaciones Económicas, y se necesitan, por lo menos, 2.500.000.
A esto se suma que el mercado de alquiler de inmuebles se ha reducido ocho veces durante el mandato de Chávez, como consecuencia de la congelación ininterrumpida de los cánones de arrendamiento.
Negrón dice que el país no tiene capacidad para levantar un plan de viviendas que ahora promete el Gobierno porque desmanteló el sector de la construcción.
Chávez anunció esta semana que levantará, con ayuda de los rusos, 40 mil casas en la base militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.
También firmó el Decreto Ley Especial para Refugios Dignos, el primero que aprueba en el marco de
La anterior Asamblea Nacional (que estaba integrada casi en su mayoría por diputados oficialistas) le cedió en diciembre esta potestad, que podrá administrar por año y medio, casi lo que le queda de mandato.
La ley le permite legislar para atender la tarea urgente que tiene el Presidente de reubicar a los refugiados y de ofrecerles la posibilidad de obtener una vivienda. Pero se ha valido de otras medidas que han promovido la anarquía en la capital.
“Aquí nos organizamos y creamos comités de vivienda –explica Carlos May, refugiado en el despacho de Educación-. Tenemos nuestro proyecto y un terreno ubicado”. Cuando se le pregunta cual terreno, hace mutis.
La verdad es que obedece a una orden presidencial, vociferada el jueves en cadena de radio y TV: “Cada quien que busque sus galpones, que Chávez los expropiará. Hay 1.000 galpones abandonados, 2.000 galpones en Caracas. Aunque la burguesía diga lo que diga, la revolución avanza. Lo que queremos es que el pueblo sea amo del valle y no los burgueses”.
Esa misma noche hubo dos intentos de invasiones en la parroquia caraqueña de San Pedro por parte de grupos de personas que admitieron no ser damnificados, sino con necesidades de una vivienda propia, “porque vivimos hacinados”, expresaron.
En la madrugada siguiente (el sábado), hubo ocupaciones masivas de 20 terrenos en el municipio Chacao -un barrio de clase media-. Al despuntar el sol, vecinos protestaron en la calle por estas invasiones, el alcalde de la jurisdicción debió negociar el desalojo de los terrenos tomados, y el ministro del Interior y Justicia apareció en los medios de comunicación para “aclarar” que la orden del jefe del Estado había sido “identificar los terrenos abandonados, no ocuparlos”.
Esta historia de zozobra continuará…
